El concepto de la responsabilidad de proteger Seminario internacional en homenaje a Embajador Harald Edelstam Estocolmo, 17 de abril de 2012, Roberto Garretón

El concepto de la responsabilidad de proteger Seminario internacional en homenaje a Embajador Harald Edelstam Estocolmo, 17 de abril de 2012

Roberto Garretón, Abogado defensor de los derechos humanos.El artículo adjunto fue preparado por el abogado Roberto Garretón, director de la Corporación Harald Edelstam de Chile, para el seminario organizado por la Fundación Harald Edelstam, de Suecia que tuvo lugar en Estocolmo el 17 de abril último, como parte de las actividades de la concesión del primer Premio Harald Edelstam por la Defensa de los Derechos Humanos, a la insigne defensora e estos derechos Bahareh Hedayat, por su vida dedicada a la defensa de la democracia, las libertades públicas y los derechos de las mujeres en Irán, su país. El principio de responsabilidad de proteger busca regular la intervención internacional en situaciones de genocidio, con los objetivos de proteger a las poblaciones afectadas y de impedir la impunidad, evitando las intervenciones unilaterales de potencias que, a pretexto de razones humanitarias esconden intereses nacionales ilegítimos.

Los debates sobre la injerencia humanitaria Descargar documento (123 kb)

La Carta de las Naciones Unidas anunció que “Nosotros los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra que dos veces durante nuestra vida ha infligido a la Humanidad sufrimientos indecibles, a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana…”, congruentemente, su primer propósito, fue “mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin: tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz”.

Pero se agregó que “ninguna disposición de esta Carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados”.

Durante la guerra fría fue este Principio el centro de las divergencias entre los Estados considerados humanitarios o proteccionistas y aquellos estatistas o soberanistas, aplicados religiosamente a la no injerencia. Los Estados fueron muy estrictos en la prohibición de intervenir en asuntos de la jurisdicción interna de los Estados y la única intervención unilateral, que tuvo simpatía popular en gran parte del mundo fue la de Vietnam en Camboya en octubre de 1979, que logró terminar con el genocidio, pero que muchos Estados consideraron indebida.

Terminada la guerra fría, se impuso la doctrina injerencia humanitaria, promovida por el el fundador de Médicos sin Fronteras, Bernard Kouchner, futuro Canciller francés. Fue el fundamento de la acción armada para restablecer el derecho de Kuwait a su integridad territorial y soberanía. En realidad, no se apoyó en la idea de protección.

En realidad nunca hubo acuerdo sobre el concepto y muchos Estados, especialmente violadores de derechos humanos, siempre la rechazaron. Incluso el Comité Internacional de la Cruz Roja nunca aceptó que la alegación de protección humanitaria sirviese para justificar una intervención armada. Finalmente, sólo tuvo el apoyo de estados democráticos y sobretodo del fuerte movimiento internacional de organizaciones sociales y de derechos humanos que reclamaban una protección eficaz y oportuna para las poblaciones afectadas.

Las pocas veces que se invocaron razones humanitarias hubo controversia. Cuando se intervino en Somalia o en Bosnia Herzegovina (por decisiones del Consejo de Seguridad) o en Kosovo (sin ella), las críticas fueron por la forma de actuar. Pero también las hubo cuando no se intervino, como en Ruanda y Sudán, en la región de Darfur.
La investigación de las Naciones Unidas sobre sus responsabilidades en Ruanda, concluyó que “los responsables de que las Naciones Unidas no hayan impedido ni detenido el genocidio en Rwanda son, en particular, el Secretario General, la Secretaría, el Consejo de Seguridad, la UNAMIR y el conjunto de los miembros de las Naciones Unidas” . En Bosnia Herzegovina la ONU no pudo impedir la limpieza étnica cuyo episodio más sangriento se produjo en la zona protegida de Srebrenica a cargo de cascos azules.

En Kosovo fue un organismo al margen de las Naciones Unidas, la OTAN, la que intervino, sin autorización del Consejo de Seguridad –que sólo estudió la situación— , invocándose –como siempre- una causa justa, la protección de civiles, y cuyos resultados fueron casi tan graves como la causa que motivó la intervención. Pero hay acuerdo en que la intervención, aún con sus errores, si bien no fue legal, sí fue legítima.
A estos fracasos reconocidos hay que agregar el de la guerra olvidada, que, casualmente, es la más sangrienta ocurrida en el mundo después de la segunda guerra mundial, y que ha sido llamada la primera guerra mundial en África. Se trata del conjunto de dos guerras en que Ruanda y Uganda agredieron al Zaire, luego República Democrática del Congo, la primera liderada por un congolés rebelde. El pueblo y autoridades de la República Democrática del Congo no entendieron nunca que la ONU no protegiese a su población de las dos agresiones (1996 y 1998), conflictos oportunamente anunciados por el autor de estas notas, en esa época Relator Especial sobre los derechos humanos en el Zaire/República Democrática del Congo . Los zairenses/congoleses siempre pensaron que en Bosnia Herzegovina y Kosovo se intervino por tratarse de víctimas “blancas”. La tardía llegada de la MONUC (1999), sin que sus autoridades lo pidieran, fue interpretada como un triunfo de sus agresores –Ruanda y Uganda— pues el mandato no autorizaba su expulsión, sin perjuicio de la opinión de muchos que vieron en la MONUC una forma de proteger a quienes profitaban de las riquezas de la Provincia de Katanga, zona considerada en Europa como un “escándalo geológico”. Y, para colmo, los congoleses siempre se sintieron agraviados por el Consejo de Seguridad, que en sus resoluciones llamaba a sus agresores ruandeses y ugandeses como “fuerzas no solicitadas”.

El principio de la responsabilidad de proteger
Canadá –uno de los Estados que más han contribuido en las operaciones de paz— decidió enfrentar la crisis y convocó a 12 expertos a constituir una Comisión cuyo nombre asume la dualidad del problema: Comisión Internacional sobre Intervención y Soberanía de los Estados (ICISS, por sus sigla en inglés), co-presidida por el ex Ministro de Relaciones Exteriores de Australia Gareth Evans y el reconocido asesor del Secretario General de la ONU, Mohamed Sahnoun. La idea fue adoptar decisiones pensando en nosotros los pueblos, los que necesitan protección, y no en los Estados interesados en intervenir, y siempre con un carácter supletorio de la obligación del Estado, primer y principal obligado de proteger.

El informe de la ICISS terminó con las discusiones sobre la injerencia humanitaria, y consagró el concepto de responsabilidad de proteger, “R2P” por su fonética en inglés. La expresión ya había sido empleada en el informe del Secretario General de la ONU en su evaluación de los acontecimientos en la antigua Yugoslavia relativo a la caída de Srebrenica, en el que se concluye que el solo embargo de armas no “traía aparejada la responsabilidad de proteger a Bosnia y Herzegovina”.

Obviamente, el cambio de derecho de injerencia por obligación de proteger no sólo procede en conflictos internacionales, sino especialmente, para los producidos en el interior de un país –étnicos, separatismos, guerrillas, colapso de Estados— que constituyen sobre el 90% de todos los conflictos armados ocurridos en los años 90’ y son los más sangrientos.

El informe de la ICISS destaca tres progresos en el cambio de visión:

- Privilegia la protección de las víctimas y no los intereses estatales de quienes se interesan en intervenir;
- Destaca la responsabilidad del Estado y se justifica sólo cuando éste “no puede o no quiere cumplirla, o si él mismo es el culpable”. Sólo allí debe intervenir la comunidad internacional para proteger;
- R2P incluye tres dimensiones claves, como son la prevención (nunca antes considerada), la reacción y la posterior reconstrucción.

El documento desarrolla con gran rigor estas tres dimensiones fundamentales.
La prevención incluye numerosos aspectos, como el de enfrentar las “causas profundas” de las inseguridades: la miseria, el analfabetismo, las discriminaciones, las violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos, los desplazamientos forzosos, etc.
La reacción aparece cuando la prevención fracasó y es la que más debates provoca. Se trata de medidas políticas, diplomáticas, económicas o judiciales, y, por último “en casos extremos –pero sólo en casos extremos— pueden incluir también la acción militar” , y siempre comenzando por “medidas menos inclusivas”, como podrían ser, entre muchas otras, aquellas a que alude el artículo 41 de la Carta de la ONU: interrupción de relaciones económicas o comerciales, de las comunicaciones por cualquier medio, ruptura de relaciones diplomáticas u otras de esa naturaleza.

Para definir los límites entre lo que lo es y lo que no lo es, y, sobretodo, quien evalúa y decide, el informe propone seis criterios que son moralmente aceptables, políticamente posibles y prácticamente ejecutables.
- un mínimo de causa justa: no hay otros medios de evitar masacres, amenazas concretas de ejecutarse, genocidios, limpiezas étnicas, etc. (como todos los anuncios en Ruanda con varios años de anticipación), obra de un Estado o de grupos armados.
- Intención correcta, y no pretexto para defensa de intereses;
- La acción militar debe ser, efectivamente, el último recurso, una vez agotadas las medidas de prevención y todas las otras alternativas.
- proporcionalidad de los medios con que se efectuará la intervención armada para paralizar o impedir las atrocidades que la justifican. El daño causado por la intervención no debe ser mayor que los que se quiere evitar.
- posibilidad cierta de lograr el efecto buscado.
- legitimidad del órgano que adopte la decisión, siendo, a juicio de ICISS, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el más adecuado. Si éste rechaza asumir la responsabilidad de proteger, debe recurrirse a la Asamblea General, como lo prevé la Resolución 377 de la Asamblea General de 1950 conocida como Unión Pro Paz, o, por último, sea un organismo regional, dentro de su propio radio de acción.

La tercera dimensión de R2P es la responsabilidad de reconstruir, que refleja efectivamente la recta intención de los actores, al margen de otros intereses. Requiere recursos, tiempo y debe estar dirigida a impedir la reiteración de los conflictos y guerras. Debe procurar la reconstrucción física, económica, política y cultural. Debe asumir, además, que muchas veces las guerras internas se originan por la persistencia de situaciones de miseria, discriminación y abuso que ha cerrado otras vías de solución. En estos casos el proceso de paz no puede contentarse con un fin de la guerra –como si los que fueron a la guerra lo hicieron para firmar la paz— desconociendo las causas profundas de los conflictos. La reconstrucción debe buscar que el país post conflicto sea mejor y más justo que aquel del pre conflicto. Las nuevas estructuras militares, judiciales, policiales, de seguridad y políticas deben estar diseñadas e implementadas para una satisfacción efectiva de los derechos humanos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales.

Destaca el informe que es factor esencial para una reconstrucción sana el fin de la impunidad por los agravios cometidos contra las personas durante las guerras o las dictaduras. El autor de esta presentación sostiene que la impunidad por las violaciones graves, masivas y sistemáticas de los derechos humanos debe incluir todas sus manifestaciones: la impunidad judicial o penal (consistente en la falta de sanción penal de los crímenes cometidos contra los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, en su caso); la impunidad política (ausencia de inhabilidades para los que ejercieron cargos de responsabilidad política mientras se cometían violaciones de derechos, independientemente de la responsabilidad penal); la impunidad moral (reconocimientos de honorabilidad para los responsables de las atrocidades); e impunidad histórica (monumentos, calles, plazas con nombres de los violadores de los derechos humanos). Una nueva dimensión de la seguridad El informe de ICISS coincide en el tiempo con otro relativo a la seguridad humana. El Secretario General de la ONU creó, a iniciativa del Gobierno de Japón, una Comisión Independiente de la Seguridad Humana, co-presidida por la ex Alta Comisionada para los Refugiados (ACNUR), Sadako Ogata, y el Premio Nóbel de Economía 1998 Amartya Sen.

Esta Comisión consideró que la humanidad necesita un “nuevo paradigma de seguridad” centrado en las personas, en el que el Estado siga siendo el responsable de la seguridad, a pesar de que “a menudo no cumple las obligaciones que recaen en él en materia de seguridad y a veces incluso se convierte en una fuente de amenazas para su propia población”, por lo que la seguridad debe centrarse en la persona. De allí que sostenga que la seguridad humana “consiste en proteger la esencia vital de todas las vidas humanas de una forma que realce las libertades humanas y la plena realización del ser humano”. Destaca que las demandas de seguridad humana involucran una amplia gama de cuestiones interconectadas, “derivadas de los conflictos y la pobreza, en la protección de las personas durante conflictos violentos y en situaciones posteriores a los conflictos, en la defensa de las personas que se ven obligadas a desplazarse, en la superación de inseguridades económicas, en la garantía de la disponibilidad y accesibilidad de la atención médica esencial, en la lucha contra el analfabetismo y contra la miseria educativa, y en la eliminación de las escuelas que promueven la intolerancia” .
El informe ICISS asume que seguridad humana “incluye la preocupación por los derechos humanos pero va más allá de ella” y reconoce que esta nueva dimensión es “una cuestión polémica”, pero que se está generalizando.

No obstante ninguno de los dos informes citados se fundamenta en el “derecho humano a la seguridad”, consagrado en todos los instrumentos, declarativos y convencionales de derechos humanos.

El concepto de R2P se ha ido imponiendo en la literatura onusiana, pero siempre hay países recelosos, especialmente los más represivos e inhumanos: Cumbre del Milenio (6 a 8 de septiembre de 2000) ; Panel de Alto Nivel sobre las Amenazas, los Desafíos y el Cambio , Documento Final de la Cumbre de 2005, y varios otros.
Pero muy pocas veces el Consejo de Seguridad lo menciona, aunque no lo utiliza: resolución 1706, de 2006, (Sudán) y 1973 (Libia). En este último caso, si bien no dispuso una misión de la ONU para intervenir, autorizó a Estados previo informe al Secretario General a que, actuando a título nacional o por conducto de organizaciones o acuerdos regionales a que adopten todas las medidas necesarias, para proteger a los civiles.
De todas formas, los países con peores estándares en derechos humanos siguen recelosos; ninguno participa en operaciones de paz, y siempre esconden intereses distintos a los de la protección, conforme lo hicieron durante la guerra fría y durante el pequeño imperio de la injerencia humanitaria.

Lo importante es que este desarrollo es inatajable, y logrará su consolidación superando las mismas dificultades con que se encontró el derecho internacional de los derechos humanos, que nace hace sólo 64 años con una modesta declaración en ese entonces no vinculante, y hoy es el meollo de la política, la moral, la historia, el derecho, las relaciones internacionales, la sociología las comunicaciones, la educación, la medicina, todas las artes y todas las manifestaciones políticas y culturales.

Esta entrada fue publicada en Actividades. Guarda el enlace permanente.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

*

Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>